El principal sospechoso del crimen de la enfermera jubilada Susana Mansilla (60) nunca cumplió con el acuerdo que había arribado con la Justicia para no ser procesado por el robo de un celular que cometió en octubre pasado y por el que fue detenido por la Policía. Tres meses después fue acusado de homicidio.

La profesional fue asesinada ayer en la esquina de Paraguay y Siria. La mujer estaba esperando el colectivo cuando el delincuente la atacó para robarle la cartera. Como la mujer se resistió, el joven la golpeó y cuando estaba tendida en el suelo, le aplicó al menos dos puñaladas que le provocaron la muerte. Los investigadores creen que podría haberlo reconocido y amenazarlo con denunciarlo a las autoridades. Si ello ocurría, se quedaría sin el beneficio al que había accedido. “Esa puede ser una de las razones de la saña con la que actuó”, sostuvo un pesquisa.

Qué se sabe del asesinato de Susana, la jubilada apuñalada por un delincuente

El acusado, de unos 20 años, después de ser detenido, fue presentado en la Justicia. El fiscal Carlos Saltor, en la audiencia, solicitó que se le dictara la prisión preventiva por 10 días, pero su pedido fue rechazado por Rafael Macoritto que, ajustado a derecho, entendió que no se había cumplido con todos los requisitos legales para dictarle la medida cautelar.

El representante del Ministerio Público Fiscal, ante la negativa del juez y con la posibilidad de cerrar uno de los tantos procesos que tenía en su contra, acordó la suspensión de juicio a prueba. Se trata de una figura mediante la cual el imputado se declara culpable, acepta pagar un resarcimiento económico y someterse a algún tipo de tratamiento o realizar tareas comunitarias a cambio de no recibir una condena. En caso de que el acusado incumpla con el acuerdo, el proceso en su contra se vuelve a abrir hasta que sea sentenciado por un tribunal.

En este caso en particular, el sospechoso tenía varias causas pendientes, y los operadores judiciales entendieron que era una buena herramienta para evitar que siguiera delinquiendo por un tiempo. La propuesta del imputado fue de abonar dos cuotas de $4.000 –la última vencía el próximo lunes- a la víctima como resarcimiento del daño, realizar un tratamiento para recuperarse de las adicciones que padecía y realizar tareas comunitarias en una fundación en el sur de la capital. El fiscal Saltor aceptó con la condición que debería cumplir con esas condiciones durante dos años. El juez Macoritto, cuya función es sólo la de controlar la legalidad del caso, aceptó.

Fuentes judiciales confirmaron a LA GACETA que el sospechoso del crimen nunca cumplió con el acuerdo y que ni Saltor ni Macoritto fueron informados sobre el incumplimiento para que dejaran sin efecto la probation y continuaran con el proceso que había dejado sin efecto con el acuerdo. Otro detalle: uno de los tres allanamientos que realizó el personal de la División Homicidios, al mando de los comisarios Diego Bernachi y Jorge Dip, fue en la casa donde el sospechoso del crimen había fijado como residencia, pero no estaba allí.